• El acceso a la justicia es un derecho humano;

    sin embargo, no todas las personas pueden ejercerlo por igual. Esto sucede especialmente cuando se trata de personas en condición de vulnerabilidad.

  • "Justicia sin barreras"

    busca promover la eliminación de las barreras que limitan el acceso a los sistemas de justicia para quienes se encuentran en condición de vulnerabilidad, en particular para las personas migrantes y refugiadas.

  • Los derechos de acceso a la justicia deben ser garantizados para todas las personas migrantes y refugiadas

    sin importar su condición migratoria.

¿Qué hace a una persona migrante o refugiada más vulnerable?

Se consideran en condición de vulnerabilidad aquellas personas que encuentran especiales dificultades para acceder al sistema de Justicia y los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico por motivo de:

Edad

Circunstancias socioeconómicas

Género

Etnia o cultura

Estado físico o mental

Condición migratoria o de refugio.

ACCESO A LA JUSTICIA

Sin importar la condición migratoria, las personas migrantes y refugiadas tienen derecho a que el sistema judicial les proteja.

Derechos de mujeres migrantes y refugiadas

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Derechos de personas trabajadoras migrantes y refugiadas

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Víctimas de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes

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¿Cuáles son las principales barreras para el acceso a la justicia de las personas migrantes y refugiadas?

Desconocimiento sobre las instancias a las que debe acudir.

Trámites extensos y costosos.

Patronos que incumplen con sus obligaciones de regularización de trabajadores migrantes y refugiados.

Desconocimiento de sus derechos.

Dificultad para cumplir con requisitos del proceso de regularización.

Desconocimiento del idioma local.

Reglas de Brasilia

En la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana de 2008, fueron aprobadas las “Reglas de Acceso a la Justicia de las personas en condición de vulnerabilidad”, reconocidas como “Reglas de Brasilia”.

Estas reglas son un conjunto de políticas, medidas, facilidades y apoyos que orientan los compromisos de los poderes judiciales de Iberoamérica para propiciar el acceso pleno y efectivo a los servicios del sistema judicial.

Su objetivo es hacer que la justicia sea un servicio accesible, de calidad y que ofrezca un trato digno, sin discriminaciones, para todas las personas, especialmente para aquellas en condición de vulnerabilidad.

Al adoptar las Reglas de Brasilia, los estados se comprometen a definir políticas generales y acciones concretas, orientadas a eliminar cualquier desigualdad e inequidad.

Principales ejes

Se establecieron 100 Reglas de Brasilia de acceso a la justicia. Sus principales ejes se describen a continuación:

  • Promover la difusión de la información básica sobre derechos, procedimientos y requisitos para garantizar un efectivo acceso a la justicia para personas en condición de vulnerabilidad.
  • Incentivar la participación de personas funcionarias del sistema de justicia en la promoción de esta cultura.
  • Garantizar el derecho a la asesoría técnico-jurídica de calidad, especializada y gratuita, para quienes no puedan pagarla.
  • Cuando la persona migrante o refugiada desconozca la lengua del lugar al momento de interrogatorios, declaraciones o comunicación de resoluciones.
  • Revisar y adaptar los procedimientos para simplificarlos cuando se trate de personas en condición de vulnerabilidad: divulgar sus requisitos e implementar medidas de tramitación ágil y pronta resolución y ejecución.
  • Promover la especialización de profesionales y servidores del sistema judicial para la atención de las personas en condición de vulnerabilidad.
  • Brindar información a las personas durante todo proceso judicial que les permita conocer tanto la naturaleza del acto, su papel y sus derechos y sobre aquellas decisiones judiciales que puedan afectar su seguridad.
  • Promover un proceso de comunicación orientado a la comprensión del alcance y significado de cualquier proceso judicial y sus respectivas resoluciones.
  • Adecuar el proceso de comparecencia a las condiciones de vulnerabilidad de la persona, ofreciendo el mejor entorno y asistencia posible.
  • Evitar comparecencias innecesarias, procurando la programación eficiente de las mismas y recurriendo a la preconstrucción de la prueba o anticipo jurisdiccional de la prueba cuando sea necesario y posible.
  • Evitar la coincidencia en dependencias judiciales de la víctima con el inculpado del delito, así como la confrontación de ambas personas durante la celebración de actos judiciales.
  • Promover la accesibilidad para las personas con discapacidad en los edificios judiciales.
  • Procurar un espacio, lenguaje y tono sencillo cuando participen menores de edad.
  • Respetar la dignidad, las costumbres y las tradiciones culturales de las personas integrantes de comunidades indígenas.
  • Evitar toda publicidad no deseada de los datos de carácter personal de las personas en condición de vulnerabilidad.
  • Si es necesario, permitir que las actuaciones judiciales se realicen de forma privada.
  • Los Poderes del Estado deben colaborar entre sí para la mejora del acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad.
  • Facilitar la creación de espacios para que los diferentes países puedan compartir las experiencias de éxito y fracaso en estas temáticas.
  • Incentivar la realización de estudios e investigaciones en esta materia, en colaboración con instituciones académicas y universitarias.
  • Promover la adecuada formación de todas las personas involucradas en el proceso judicial para la comprensión y atención de las condiciones de vulnerabilidad.
  • Promover la difusión de estas Reglas de Brasilia entre las personas con condiciones de vulnerabilidad.

Guía sobre la promoción del acceso a la
justicia de las personas
migrantes y refugiadas

Casos de éxito

A partir de la aprobación de las Reglas de Brasilia, en Costa Rica se inició un proceso de revisión de las condiciones de acceso a la justicia de la población migrante y refugiada.

La Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia (CONAMAJ), fue asignada como la encargada de velar por el cumplimiento de las Reglas de Brasilia en este país.

Principales retos:

  • La eliminación de estereotipos sobre la población refugiada.
  • La coordinación interinstitucional.
  • La dificultad para el acceso a la justicia de las personas migrantes en condición irregular.

Logros alcanzados:

  • Elaboración de una revisión de las condiciones de acceso a la justicia de la población en condición migrante y refugiada.
  • Realización de un diagnóstico en las instituciones para evaluar las condiciones de accesibilidad para esta población. Realización de un documento de consideraciones para el trabajo de los y las funcionarias del Poder Judicial a partir de reflexiones y consultas colectivas.
  • Creación de una Política Institucional de Acceso a la Justicia para Personas Migrantes y Refugiadas (PIMR), la cual busca aplicar los compromisos asumidos en las Reglas de Brasilia, al garantizar el acceso a la justicia para toda persona, sin importar su estatus migratorio.

En México actores clave han gestionado el proceso de mejoramiento de mecanismos para la atención óptima de las personas migrantes y merecedoras de protección internacional y sus familias en el proceso de acceso a la justicia.

Principales retos:

  • Desinformación de esta población acerca de sus derechos y los procesos existentes para resguardarlos.
  • Criminalización de las personas migrantes indocumentadas.
  • Detenciones irregulares y trato cruel inhumano y degradante en los centros de detención.
  • Programas de ayuda humanitaria limitados y con poca coordinación interinstitucional.
  • Estigmatización y falta de atención integral a la mujer migrante que ha sido violentada sexualmente.

Logros alcanzados:

  • Creación del Protocolo de Actuación para quienes imparten Justicia en casos que afecten a Migrantes y Personas Sujetas de Protección Internacional.
  • Creación de un modelo de atención integral para mujeres migrantes víctimas de violencia sexual en México.
  • Apertura del “Reconocimiento a Sentencias 2016” que han servido para garantizar el goce efectivo de los derechos humanos de las personas migrantes y sujetas de protección internacional para todos los países del Continente Americano.
  • Planeamiento del Foro sobre el Poder Judicial y los Derechos Humanos de las Personas Migrantes y refugiadas.

Países firmantes

Panamá

Costa Rica

Argentina

Chile

Rep. Dominicana

Bolivia

Venezuela

Uruguay

México

Paraguay

Colombia

Cuba

Honduras

Perú

Guatemala

Nicaragua

Puerto Rico

Brazil

El Salvador

Ecuador

Sobre RROCM

La Red Regional de Organizaciones Civiles para las Migraciones (RROCM) se creó con el fin de establecer un frente de diálogo sobre la temática de migración y refugio entre los países de la región formada por Centroamérica, Caribe y Norteamérica.

Nos componen diversas organizaciones de múltiples países:

  • Costa Rica: Red Nacional de Organizaciones Civiles para las Migraciones (REDNAM).
  • El Salvador: RROCM Capítulo El Salvador.
  • Guatemala: RROCM Capítulo Guatemala.
  • Nicaragua: Red Nicaragüense de la Sociedad Civil para las Migraciones.
  • Honduras: Foro Nacional para las Migraciones en Honduras (FONAMIH).
  • Panamá: Mesa Nacional de Migrantes y Refugiados.
  • República Dominicana: Mesa Nacional para las Migraciones.
  • Belice: Help for Progress.
  • Canadá: FCJ Refugee Center.
  • Estados Unidos: Alianza Américas.
  • México: Asylum Access México.

Y contamos con aliados estratégicos como el Consejo Noruego para Refugiados (CNR) y la International Detention Coalition (IDC). Para conocer más sobre de estas organizaciones haga click aquí.

En RROCM trabajamos para la protección, defensa y promoción de los derechos humanos de las personas migrantes, solicitantes de refugio, refugiadas, apátridas y desplazadas forzadas, en los lugares de origen, tránsito y destino, desde una perspectiva integral y multidisciplinaria.

Nuestro trabajo da especial énfasis a poblaciones migrantes y refugiadas particularmente vulnerables, como los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, las mujeres, las comunidades en riesgo por desastres naturales, los pueblos originarios y las víctimas de trata y tráfico ilícito de personas.

Buscamos generar iniciativas, políticas y programas que velen por los derechos de estas personas y constituirse además como un espacio de diálogo para los gobiernos de la región.

Además, ejercemos una labor de abogacía intersectorial de acuerdo a estándares internacionales, que ha permitido la creación de agendas políticas, procesos jurídicos y políticas públicas enfocadas en atender las necesidades de las personas migrantes y refugiadas en diferentes países.